En tiempos en que todo parece pasar por “lo digital”, surge el riesgo de confundir medios con fines. Transformar el Estado exige gestión, datos y capacidades, no megaestructuras tecnológicas.
En Chile vuelve a instalarse, al menos por informaciones de prensa en los días previos a la elección de una de las principales candidaturas en competencia, hoy transformados en amplios ganadores y con la misión de gobernar nuestro país por los próximos 4 años, una tentación que ya conocemos demasiado bien: la idea de crear una gran entidad que concentre telecomunicaciones, ciberseguridad, data centers, gobierno digital, identidad digital, conectividad e incluso las plataformas que usa toda la ciudadanía. La lógica es simple —pero me parece equivocada—: si algo tiene apellido “digital”, entonces debe estar junto.
“Entre los cambios de estructura del Estado que evalúa el equipo de Kast se encuentra la creación de una entidad que, por un lado, supervise la conectividad digital y, por otro, agrupe y lidere todos los esfuerzos para la transformación digital del Estado”
El problema es que esa lógica no se sostiene ni técnica, ni política, ni institucionalmente. Es el tipo de razonamiento que confunde una palabra con una estrategia. Un intento de ordenar el Estado “por etiquetas o categorías”.
Estos procesos de agrupación y/o factorización por la categoría digital se han dado en diferentes países aquí algunos ejemplos.
Experiencias Diversas
Hay varios ejemplos similares. En primer lugar Paraguay que fue un caso extremo. Allí se creó el MITIC uniendo la Senatics (TIC y gobierno digital) con la Secom (comunicación política y medios del Estado). ¿La justificación? al parecer era porque ambas incluían la palabra comunicación. El resultado deja mucho que desear, es como juntar agua y aceite forzados a convivir, un diseño institucional con poca coherencia interna y las dificultades de generar una política pública armónica.
En el caso de México ocurrió algo distinto, pero igual de ilustrativo. La reciente creación de la ATDT que fue presentada como una gran modernización: unificar telecomunicaciones, conectividad, plataformas del Estado, digitalización productiva, modernización administrativa, identidad, datos y ciberseguridad. La promesa suena bien, aunque la realidad es mucho más compleja y es muy reciente como para tener un juicio acabado al respecto, pero el riesgo de que una institución abarque todo, y por lo tanto, tenga problemas para priorizar es alto. Algo que me hace ruido en este modelo es juntar instituciones que buscan promover el uso de tecnologías con agencias reguladora (telecomunicaciones). Ya veremos como se desarrolla este proceso. El gobierno digital termina compitiendo con la conectividad rural; la ciberseguridad con la política industrial; los servicios del Estado con el despliegue de redes.
Por su parte España también ofrece lecciones que vale la pena mirar. Allí se consolidó bajo un solo ministerio (Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública) una mezcla de infraestructura digital, espectro, economía digital, fondos europeos, emprendimiento, identidad electrónica y gobierno digital. El resultado no ha sido un fracaso, pero sí una tensión permanente. La modernización del Estado quedó atrapada en una estructura cuyo impulso dominante es económico y tecnológico. La administración digital —el rediseño de servicios, la interoperabilidad, la capacidad institucional— pasó a ser una subcarpeta dentro de una mega-agenda que responde a otras presiones. No es casualidad que, dentro de España, ya existan voces que consideran que el modelo necesita ajustes para devolver protagonismo a la gestión pública.
¿Y en nuestro país?
Chile ha logrado un equilibrio que no siempre se valora: acercar la Secretaría de Gobierno Digital a Modernización y al Laboratorio de Gobierno. Esa cercanía no es accidental, sino conceptual. En la sigla SGD, la G es más importante que la D. Lo digital es un medio; la gestión pública es el fin. Transformar el Estado no es sinónimo de instalar infraestructura, ni desplegar redes, ni adoptar plataformas. Transformar el Estado implica procesos, datos, diseño institucional, capacidades, gobernanza y servicios que funcionen para las personas. En el pasado he sido crítico de la institucionalidad de Gobierno Digital residiendo en el Ministerio de Hacienda, incluso en el estudio que realizamos en el Centro de Sistemas Públicos sobre la Modernización del Estado 1990-2023, propusimos una institucionalidad diferente a la actual, pero claramente no era juntar todo lo digital.
Juntar todo lo que suena a digital bajo una sola entidad es una manera elegante de perder ese foco. Es entregarle la agenda de modernización del Estado a una lógica tecnológica que, por muy necesaria que sea, opera con prioridades completamente distintas. Es correr el riesgo de que la infraestructura devore a la gestión; de que lo técnico se imponga sobre lo institucional; de que volvamos a priorizar fierros por sobre funcionamiento, como tantas veces pasó en los años en que se creía que digitalizar era comprar plataformas y no rediseñar el Estado.
La pregunta que deberíamos hacernos no es cómo meter todo lo digital dentro de una sola caja, sino por qué insistimos en creer que esa caja existe. Lo digital no es un sector: es una condición transversal. Su naturaleza es precisamente la de cruzar sistemas, políticas y organizaciones. Organizar el Estado “por adjetivos” nunca termina bien.
Crear una mega-agencia digital no resolverá la complejidad del ecosistema. Solo la esconderá debajo de una alfombra institucional que, tarde o temprano, volverá a romperse por los mismos lugares. El desafío es entender que la transformación requiere límites claros, gobernanza diferenciada y una convicción sencilla pero difícil de aplicar: lo digital importa, pero nunca debe comerse a la transformación.
En los procesos de Transformación Digital del Estado, el concepto más relevante es el de Transformación.
Información Complementaria – Diario Financiero (29/11/2025)
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Fuente: Alejandro Barros (Cuando todo es «digital», nada lo es).
